Insultos, amenazas y despidos. El llamamiento a la paz de los académicos turcos y sus consecuencias

Traducción del alemán por Translators for Justice

Fuente: http://www.forschung-und-lehre.de/wordpress/?p=20403

Dilek Dizdar

Febrero de 2016

El llamamiento a través del cual más de mil científicos en Turquía exigen el final de las operaciones militares efectuadas en las regiones con población predominantemente kurda está teniendo graves consecuencias tanto para los firmantes como para las universidades turcas en general. Sobre la vida de los firmantes y su integridad física se ciernen latentes amenazas; su vida profesional ha sido sesgada; el pensamiento crítico (con el gobierno) ha sido expulsado de las universidades. A continuación presentamos un informe sobre la situación.

El 12 de enero de 2016, pocas horas después del atentado suicida en Estambul, en el que perdieron la vida once personas, el Presidente de la República Turca Recep Tayyip Erdoğan pronunció un discurso ante la conferencia de embajadores en Ankara. Sin embargo, Erdoğan no dedicó este discurso a condenar el atentado, sino a censurar el llamamiento que había sido publicado un día antes por la iniciativa Académicos por la Paz. En este llamamiento 1128 firmantes criticaban duramente las operaciones militares en el sureste de Turquía, una región con una población mayoritariamente kurda, y exigían que se retomen las negociaciones para iniciar un proceso de paz. Durante el discurso Erdoğan insultó a los firmantes llamándolos “panda de maleantes ignorantes”, los acusó de ser “traidores de la patria” y apeló a la justicia para que persiguiese esta “traición”.

Desde hace más de un mes, el ejército turco está llevando a cabo una ofensiva contra la organización kurda ilegalizada PKK y hasta la fecha ha decretado 58 toques de queda en Diyarbakır y otras ciudades aledañas. Algunos de estos toques de queda se han mantenido ininterrumpidamente durante semanas. Según la Asociación turca por los Derechos Humanos, hasta el momento han perdido la vida 162 civiles, entre los que se encuentran 32 niños y 24 personas mayores de 60 años. El toque de queda impide además recuperar los cuerpos de muchos de los fallecidos o asistir a los heridos. Éstos mueren, pues no se permite el acceso ni a ambulancias ni al personal sanitario. No hay electricidad, ni agua corriente, por lo que junto al peligro mortal de los combates armados, en las regiones sitiadas se fragua una grave catástrofe humanitaria.

Desde el comienzo de las restricciones masivas de la libertad de expresión y en protesta contra las numerosas violaciones de los derechos fundamentales en Turquía, las declaraciones y los llamamientos para pedir la firma de peticiones forman parte del día a día de los científicos e intelectuales críticos. Sin embargo, entre los muchos textos de protesta y resistencia pacífica el llamamiento del 11 de febrero ha obtenido una atención privilegiada.

Los 1128 firmantes originales han sido acusados en base al artículo 301 del Código penal turco por presuntas “injurias contra la identidad nacional turca, la República de Turquía y sus instituciones”. Además se les acusa de “enaltecimiento del terrorismo”. Al día siguiente del discurso de Erdoğan, el Consejo Universitario turco (YÖK), organización creada durante el gobierno militar y que desde entonces se reserva la potestad de restringir la libertad de investigación y de cátedra, se apresuró en asegurar que “se tomarán las medidas jurídicas necesarias con relación al llamamiento que apoya el terror”. Las universidades se hicieron rápidamente eco de estas declaraciones. El primer despido tuvo lugar en la Universidad de Abdullah Gül en Kayseri (Capadocia, Turquía), donde un catedrático que había firmado la petición fue obligado a dejar su puesto. En el plazo de una semana se iniciaron 109 procesos disciplinarios contra académicos y científicos pertenecientes a 20 universidades distribuidas por todo el país. Hasta la fecha (22.1.2016) 29 de los firmantes han sido despedidos, obligados a dimitir, cesados de sus cargos o suspendidos de sus funciones y se espera que haya más despidos y dimisiones forzadas. 33 de los firmantes han sido detenidos, y algunos de ellos han tenido que afrontar el registro policial de sus oficinas o domicilios.

Como si esto no fuera suficiente, los académicos e investigadores pertenecientes a universidades provinciales y marcadamente conservadoras tienen que hacer frente a los ataques de agrupaciones progubernamentales ultranacionalistas. Reciben amenazas por teléfono; sus nombres y fotos se pueden ver en pancartas repletas de expresiones de odio; las puertas de sus oficinas son marcadas con cruces. Un jefe mafioso, conocido a nivel nacional y cercano al Presidente de la República, incluso dijo abiertamente querer bañarse en la sangre de los firmantes. En una entrevista, publicada el 23 de enero en la página de la BBC Turquía, Latife Akyüz, socióloga y profesora asociada de la Universidad de Düzce (ciudad situada en la región del Mar Negro, a unos 200 kilómetros al este de Estambul), describe cómo ha cambiado su vida en el transcurso de tres días. Al día siguiente del discurso de Erdoğan, mientras Akyüz estaba ocupada corrigiendo los exámenes finales de sus estudiantes, recibió una llamada de una amiga que le informaba de la publicación de un artículo en un periódico local encabezado con el titular “Una traidora en Düzce”. En la página web del periódico pudo observar los comentarios e insultos que, llenos de odio, iban apareciendo. Poco después, la agrupación ultranacionalista local de los Lobos Grises publicó un comunicado de prensa que terminaba con la frase: “Limpiaremos a Düzce de los simpatizantes del PKK”. Con cada minuto que pasaba, la campaña de difamación se volvía más violenta y se expandía a través de las redes sociales. Latife Akyüz se convirtió en el blanco de insultos sexistas y amenazas de muerte. De repente, permanecer en su apartamento, en el que vivía sola, se volvió demasiado peligroso, tanto como tomar un autobús interurbano en Düzce. Por eso sus amigos decidieron trasladarla a otra ciudad. Akyüz se enteró de que había sido despedida a través de la página web de su universidad. La fiscalía presentó cargos contra ella y emitió una orden de detención. A pesar de ser puesta en libertad después de prestar declaración, le prohibieron salir del país. El motivo de todo esto es el mero hecho de haber firmado un llamamiento por la paz. En el caso de ser declarados culpables, Akyüz y el resto de los 1128 firmantes corren el riesgo de una condena de hasta cinco años de prisión.

Parece absurdo que la justicia turca, sobre la base de un llamamiento por la paz, declare culpables de enaltecimiento del terrorismo a los científicos, los cuales ni han usado ni apoyado la violencia. Sin embargo y dado que en Turquía el poder judicial no es independiente, no se puede descartar la posibilidad de que esto ocurra. La jurisprudencia no consiste en la simple aplicación de textos jurídicos, sino que es siempre un acto interpretativo. Cuando la ideología dominante marca la interpretación, como se puede observar actualmente en Turquía, la práctica jurídica se convierte en un peligro para el Estado de Derecho y las leyes se convierten en instrumentos para la vulneración de derechos.

La interpretación del texto de los Académicos por la Paz es un ejemplo que describe de forma esclarecedora estas circunstancias. Es preciso someter al texto a una lectura perversa y excepcionalmente imaginativa para interpretar el llamamiento como un texto en apoyo al PKK. Sin embargo, el fiscal general de Izmir ha hecho halago de esta creatividad desmesurada. Los cargos presentados por el fiscal contra 37 de los firmantes se apoyan en el artículo 302 del Código penal turco. Este artículo trata nada menos que de la “destrucción de la unidad e integridad del Estado” y la condena prevista por este delito es la cadena perpetua.

La periodista Elif Çakır, conocida por su cercanía al partido del gobierno, dice poder demostrar por qué el texto amenaza la integridad del Estado, haciendo referencia a los siguientes párrafos del llamamiento:

[…] el derecho a la vida, libertad y seguridad y en concreto la prohibición de tortura y malos tratos protegidos por la constitución y convenciones internacionales han sido violados.

Esta masacre deliberada y planeada es una violación seria de las propias leyes turcas y tratados internacionales de los que Turquía forma parte. Estas acciones constituyen una seria violación de la ley internacional.

Exigimos que el estado abandone esta masacre deliberada y deportación de kurdas/os y otras gentes en la región. También exigimos que el estado levante el toque de queda, castigue a aquellos responsables de las violaciones de derechos humanos, y compense a todos aquellos ciudadanos que han sufrido daños materiales y psicológicos. Por esta razón pedimos que se les de [sic] acceso a observadores nacionales e internacionales en la región y que se les permita monitorizar e informar sobre los incidentes.

El llamamiento alude a las “convenciones internacionales”, a los “tratados internacionales de los que Turquía forma parte” y a los “observadores nacionales e internacionales” a los que se les debe dar “acceso […] en la región”. Para Çakır y los principales medios de comunicación turcos que citan sus palabras, estas exigencias equivalen a la demanda de someter la región a un mandato extranjero y por lo tanto deben interpretarse como separatistas. Pedir que extranjeros accedan a la región para analizar la situación se considera desleal y es, en este caso, juzgado arbitrariamente como separatismo. No obstante, en Turquía siempre, también en la era del AKP, ha habido observadores internacionales en los procesos jurídicos, así como en las elecciones. En el país trabajan, junto con Amnistía Internacional, otras muchas organizaciones no gubernamentales extranjeras. Además cabe preguntarse, cómo un país, signatario de diferentes tratados internacionales, puede legitimar el cumplimiento de los principios recogidos en dichos tratados, si no permite el acceso de controladores internacionales.

El final de este proceso es incierto. Sin embargo, es de esperar que Erdoğan y el gobierno del AKP sigan atacando a los científicos y peleando por instaurar el antiintelectualismo. Para ellos un buen científico es aquél que les obedece. El pensamiento crítico les es sospechoso. Por ello siguen trabajando para reestructurar las universidades turcas. Ahora se trata sobre todo de limpiar estas institucionesde los últimos pensadores críticos. Hace un par de días saltó la noticia de que el Consejo Universitario turco (YÖK) está preparando una ley sobre el proceso de nombramiento de los presidentes de las universidades. En los últimos años, se había criticado duramente el nombramiento a la presidencia de candidatos con un número de votos notoriamente inferior al candidato más votado (como de hecho ocurrió en la Universidad de Estambul). La nueva ley preveerá la eliminación de dichas elecciones, que de todos modos ya se habían convertido en una farsa. En el futuro, las universidades estarán sometidas directamente al Presidente de la República. Este ejemplo muestra cómo Erdoğan ha dejado de considerar necesario mantener una apariencia democrática.

Los Académicos por la Paz han comunicado que cierran el llamamiento con unas 2000 firmas y que agradecen el apoyo de los firmantes y colaboradores. Entre los que han defendido el llamamiento se encuentran numerosas iniciativas internacionales, las cuales han publicado peticiones y declaraciones de solidaridad. Las Conferencias de Rectores Universitarios de diversos países, como la alemana Hochschulrektorenkonferenz o la Asociación de Universidades Europeas (EUA), han publicado cartas y declaraciones en las que apelan al gobierno turco a parar los procesos judiciales y a garantizar la libertad de investigación y cátedra. Es importante que los socios internacionales en las universidades se posicionen y actúen. Algunos presidentes universitarios han mandado cartas a sus homólogos turcos y algunas universidades (como Paris 8) han publicado declaraciones en sus páginas web.

La organización internacional de ayuda humanitaria y derechos humanos Medico international y la red interdisciplinar europea de activistas políticos e investigadores críticos en las áreas de migración y gestión de las fronteras Netzwerk Kritische Migrations- und Grenzregimeforschung con sede en Göttingen (Alemania) han hecho un llamamiento titulado Por el derecho a exigir la paz en tiempos de guerra, a través del cual científicos declaran su solidaridad con sus colegas turcos. En este llamamiento puede leerse: “Nosotros solicitamos que las instituciones universitarias y académicas de todo el mundo apoyen a sus colegas en Turquía para que los firmantes de la petición puedan continuar con sus investigaciones y con la enseñanza, así como ser capaces de ejercer sus derechos libremente”. Entre los primeros firmantes se encuentran Aleida y Jan Assmann, Homi Bhabha, Etienne Balibar, Noam Chomsky, Axel Honneth, Jacques Rancière, Gayatri Spivak. El llamamiento puede firmarse en la página web de Medico international: https://www.medico.de/internationaler-appell-16370/

Dilek Dizdar es catedrática en Filología alemana intercultural y Traductología en la Universidad de Maguncia (Alemania).

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